-CEBAMDER envía carta formal al BCIE exigiendo revisión de cumplimiento y resarcimiento a comunidades afectadas
-Proyecto fue inaugurado con la presencia del presidente Luis Abinader el pasado 27 de Marzo
Por Frank Valenzuela
Frank Valenzuela, presidente de la organización, destacó que, de acuerdo con el propio documento del banco, el proyecto fue calificado con un nivel de intensidad “intenso”, reconociendo la “potencial ocurrencia de impactos críticos significativos” asociados a la contaminación del aire y del agua, el manejo de residuos peligrosos, riesgos industriales, afectaciones a comunidades cercanas y presión sobre ecosistemas marino-costeros en la Bahía de Manzanillo.
Según Valenzuela, el informe establece que el proyecto no implementó un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) formalizado, manteniendo políticas fragmentadas sin mecanismos integrados de monitoreo, control y mejora continua, lo que impidió una gestión sistemática de los riesgos identificados.
Asimismo, el BCIE reconoce que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) utilizado data de 2013, pese a que el proyecto fue modificado sustancialmente en 2024 y 2025, incluyendo la incorporación de cinco pozos de agua, infraestructura portuaria, un gasoducto de 6.2 km y cambios en la capacidad operativa. Esto obligaba —según el propio informe— a realizar una Evaluación Integral de Riesgos e Impactos (ESRIA) basada en una línea base actualizada, la cual no ha sido ejecutada.
El documento también evidencia que el proyecto carece de una línea base socioambiental actualizada, a pesar de que el banco exige que incluya variables críticas como biodiversidad, calidad del agua, condiciones socioeconómicas, servicios ecosistémicos y acceso al agua. Además, se reconoce que no se han ejecutado varios monitoreos ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental (PGA).
En materia social, el informe es contundente al señalar que no existe un sistema estructurado de participación comunitaria, ni un mecanismo formal de quejas y reclamaciones, ni un responsable designado para la gestión social, lo que representa una violación directa a la Norma de Desempeño ND1. Además, se confirma la ausencia de un análisis de impactos acumulativos en la Bahía de Manzanillo, pese a la coexistencia de actividades energéticas, portuarias, pesqueras y turísticas.
En el ámbito ambiental, el BCIE identifica deficiencias graves como la ausencia de almacenamiento adecuado de residuos peligrosos, la falta de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, la inexistencia de una evaluación de cambio climático, la carencia de planes de manejo de materiales peligrosos y la falta de un sistema integral de respuesta ante emergencias, incluso en una zona altamente vulnerable a huracanes e inundaciones.
Particularmente crítico resulta que el propio informe establece que el proyecto no cuenta con una evaluación de servicios ecosistémicos, ni con análisis de impactos residuales en hábitats marinos sensibles, ni con estudios de biodiversidad acumulativa, lo que compromete directamente la sostenibilidad de ecosistemas como la Laguna Saladilla y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa.
En este mismo documento, el Banco Centroamericano de Integración Económica establece un conjunto de condiciones obligatorias con plazos definidos que el proyecto debe cumplir como parte del Plan SIEMAS 4.0. Entre ellas se incluyen: la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) integral; la elaboración de una Evaluación Integral de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales (ESRIA); la actualización de la línea base socioambiental; la creación de planes específicos de manejo de residuos, biodiversidad, agua y materiales peligrosos; así como el diseño de mecanismos formales de participación comunitaria y de quejas. Estas medidas deben ser ejecutadas, en su mayoría, en un plazo de seis meses posteriores al primer desembolso del financiamiento, evidenciando que el propio banco reconoció la existencia de brechas críticas que requerían corrección inmediata.
Adicionalmente, el informe exige condiciones previas al inicio de la fase operativa, tales como la obtención de autorizaciones para el uso del agua, la evaluación de riesgos de cambio climático, la realización de estudios de impactos acumulativos en la bahía, el análisis de impactos residuales en ecosistemas marinos y la evaluación de servicios ecosistémicos. Asimismo, se establecen obligaciones posteriores, como la elaboración de inventarios anuales de emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de sistemas de monitoreo continuo. Este conjunto de exigencias confirma que el proyecto debía cumplir una hoja de ruta técnica estricta antes de consolidar su operación, lo que refuerza el carácter de incumplimiento ante la ausencia de evidencias públicas de ejecución.
En este contexto, CEBAMDER denuncia que los impactos ya observados en el territorio incluyen la destrucción de la playa Estero Balsa, la muerte progresiva de manglares, la eliminación de vegetación endémica incluida en listas de protección, la alteración del sistema hídrico local y la afectación directa a más de 100 familias de pescadores y emprendedores ecoturísticos, configurando un escenario de daño ambiental acumulado no resarcido.
El Centro CEBAMDER destaca que han transcurrido casi seis meses desde la emisión del informe sin que se evidencian avances verificables en el cumplimiento de las condiciones establecidas por el banco, lo que configura —según la organización— un incumplimiento técnico y temporal de los compromisos del Plan SIEMAS 4.0, obligando a exigir una respuesta institucional inmediata.
En este marco, la organización no gubernamental exige la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental independiente, la evaluación de impactos acumulativos, la creación de un fondo de compensación territorial, la restauración de ecosistemas, la compensación económica a las comunidades, la implementación de supervisión independiente y la suspensión de nuevos financiamientos hasta que se garantice el resarcimiento integral del territorio.
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