REPÚBLICA DOMINICANA.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), lamentó quetradicionalmente al poder judicial se le haya considerado como la cenicienta, el más débil de todos los poderes formales del Estado, esto así por su sumisión presupuestaria y exigua independencia en todos los órdenes.
Un apretado balance sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial en el 2018 nos llevan a calificarlocomo el año de la involución judicial, destacándose como retos y males de la justicia dominicana, la creciente percepción de descredito y baja valoración, la falta de tribunales, jueces rehuyendo sus responsabilidades en casos de lavado de activos y narcotráfico, sanciones solo disciplinarias para los jueces que incurren en faltas y prevaricación judicial, un presupuesto deficiente, la mora judicial en los tribunales inferiores y hasta en la propia suprema corte de justicia, con retrasos promedios de más de 10 años, afectando la seguridad jurídica, poniendo en cuestionamiento el estado de derecho y violando el derecho fundamental del acceso a la justicia.
Asimismo, Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia clamó por más presupuesto para el Poder Judicial, tras asegurar que la falta de recursos sigue siendo, entre otras dificultades, el Talón de Aquiles de la administración de justicia, en consecuencia, con la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.
Potentini, observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.
El jurista explicó, que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT entiende, que, si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.
Asimismo, Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al tiempo de lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes, aunque no suficientes del Dr. Mariano Germán Mejía, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese importante poder del estado.
La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Potentini deploró y reitero como un escollo de la administración de justicia la falta de implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores jurisdiccionales.
Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del derecho.
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