Por Adriano Espaillat
(Miembro del Congreso de los EE. UU.)
NUEVA YORK.- A mediados de junio, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Generación de Servidores (GenS), presidido por el pastor Carlos Peña, solicitaron al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) organizarles sus primarias en el exterior del país.
Este pedido fue rechazado por el órgano electoral atendiendo a varias razones, incluyendo lo que ya estaba estipulado en la proclama que declaró abierto el periodo de precampaña, que indica que “la celebración de elecciones primarias solo tendrá alcance local, por tanto, la elección de sus candidatos y candidatas se limitará al ámbito de la República Dominicana, excluyéndose la celebración de elecciones primarias en el exterior”.
Esta decisión del pleno de la JCE les niega derechos a los dominicanos del exterior que tienen los dominicanos de la isla, como si los hombres y mujeres que aportan con su arduo trabajo más de $10,000 millones de dólares en remesas a la economía dominicana anualmente fueran tratados como ciudadanos de segunda clase.
La JCE, antes de tomar una decisión tan fundamental para los dominicanos del exterior como lo es el derecho de elegir y ser elegido a través de primarias supervisadas por este órgano electoral, debería formar una mesa de diálogo con los representantes de los dominicanos en el exterior, y buscar las formas más adecuadas para que esta lamentable historia no se repita cada cuatrienio.
El Artículo 18 de la Constitución de la República Dominicana establece en su párrafo único lo siguiente: “Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la Nación Dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración”.
Nos preguntamos: ¿acaso la medida de la JCE no vulnera el Artículo 18 al establecer una política que lleva a la comunidad al retroceso en términos electorales, al excluir la celebración de primarias en el exterior y obligar a los partidos a escoger candidatos señalados por el dedo y no por voto popular.
El pleno de la JCE debe recordar que el derecho constitucional de elegir y ser elegido, tal como lo establece el Artículo 22 de la Carta Magna, es un derecho adquirido de los dominicanos que residen en el exterior durante muchos años de lucha y sacrificio.
Ya es hora de que haya un puesto permanente en la mesa de diálogo en la República Dominicana para los dominicanos de la diáspora, y en especial para la toma de decisiones tan cruciales como las electorales.
Ya es hora de que la JCE invierta en campañas de promoción en los medios de comunicación del exterior, para que se incremente la participación de la diáspora en las elecciones.
Ya es hora de que la voz de los millones de dominicanos de la diáspora sea tomada en cuenta.Espero que la JCE reconsidere su decisión y que los dominicanos del exterior puedan escoger sus candidatos a través de primarias supervisadas por este órgano electoral.
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