Expone el ingeniero y empresario de la construcción, que con ese arqueo se determinaría si los firmantes de auditorías realizadas por la Contraloría a una serie de instituciones del Estado,son contadores públicos autorizados.
Al respecto, el ingeniero Tejada , entiende que urge que, que los Institutos de Contadores Públicos Autorizados(ICPARD) y de Auditores Internos de la República Dominicana, realicen a la Contraloría General.
¨Urge que, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República (ICPARD) y el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, hagan una auditoria a la Contraloría General de la República, para determinar, si los firmantes de esas Auditorías son miembros de las dos entidades¨, enfatizó el pasado presidente del Codia, a través de su cuenta en twitter.
La sugerencia del experto en construcción de obras de infraestructuras , fue planteada a propósito de un artículo publicado por el columnista del periódico Hoy, Nelso Marrero, titulado ¨Contraloría trata de llegar más allá de las palabras en eso de rendir cuentas.
En sus consideraciones el columnista expresa que :¨Expuesto públicamente ha venido quedando el misceláneo resultado de auditorías aplicadas por la Contraloría General de la República a diferentes cotos de la administración del Estado y sus afines, la mayoría recientemente; divulgación de varias formas de fallarle a la nación con irregularidades, violaciones de procedimientos, inobservancia de protocolos y, en fin: incumplimiento de obligaciones ineludibles cuando se está a cargo de recursos públicos, incluyendo casos que deberían ser judicializados para establecer posible responsabilidad penal. El Ministerio Público debería tener la palabra¨.
Refiere que cuando un Gobierno acepta el reto de acogerse a compromisos con la transparencia más allá de la teoría, expone a una diversidad importante de servidores suyos al escrutinio ciudadano y a una ola de demandas de sanciones; y a la no menos trascendente consecuencia de que se cuestione la forma de seleccionar a los funcionarios que administran finanzas, expuestos a sanciones equivalentes a sus transgresiones aunque no se llegara a lo penal.
Platea Marrero, que el vacío de revelaciones de comportamientos comprometedores en rendiciones de cuenta de pasadas administraciones supone, al aparecer las sincerizaciones de la Contraloría, una ruptura con la tradición de ocultar desaciertos, equívocos, yerros y hasta indicios de distracción de fondos públicos sobre los que ha descansado regularmente la loza fría de los silencios que en carrera de relevos sepultan cuatrienio por cuatrienio actuaciones que debieron ser escrutadas. La lógica del poder criollo no ha estado en eso con ayuda de la infuncionalidad del control externo que corresponde a la Cámara de Cuentas.
¨En los items que delatan inconsistencias y manejos cuestionables en el Estado figuran: ejecuciones presupuestarias agudamente deficitarias con vinculación a numerosas fallas de una burocracia a veces débilmente vigilada; cientos de vehículos en paradero desconocido; pagos millonarios a funcionarios sin desempeños reales; pagos de combustibles sin justificar y compras sin constancia de consumos útiles a la sociedad¨.
Destaca además: carencias de control de inventario sobre lotes de mercancías; diferencias millonarias entre asignaciones presupuestales y lo realmente ejecutado; violaciones escandalosas a normas sobre depósitos bancarios; pérdidas millonarias en almacenes del Estado por bienes no utilizados oportunamente e imposibilidades para que los auditores establezcan usos dados a más de tres mil millones de pesos en una de las tantas dependencias oficiales en gravedad de faltas. Cabe reconocer que en el Ministerio de Defensa solo se detectaron cinco fallas durante siete meses y que fueron subsanadas, según mandos de la cartera.
Causas evidentes
Desde el ojo crítico de auditores independientes el hallazgo numeroso de casos reprobables lleva a inferir como habituales en áreas de la Cosa Pública la ausencia de supervisión rigurosa, protección de activos e impericias por colocación en cargos de personas incompetentes por vínculos políticos y favoritismos. Para el observador de profesionalidad contable, fue notable que la presente administración del Estado comenzada en el 2020 no acertó en los relevos de mandos o no veló por la permanencia en puestos clave de funcionarios medios competentes y éticos.
Expone que ha parecido que brillaba por su ausencia la implementación de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y de normativas afines que debieron presidir, desde mucho antes, la sustitución de empleados de áreas financieras y de fiscalizaciones y departamentos de recursos humanos para librar a las nóminas estatales de integrantes que cobraban sin trabajar y estuvieron en los usufructos desde el 2008 hasta recibiendo cheques en dos y tres instituciones al mismo tiempo.
¨En lectura de resultados de auditorías no divulgados de manera oficial y formal trascendió que nuevos jefes administrativos a partir del 2020 se plegaron con «flexibilidades» a la presión de partidarios del Gobierno entrante ansiosos de ser favorecidos por el poder y a los que se optó por colocar en buenos empleos, buenos sueldos y mucha renuencia a acogerse a las normativas vigentes en agencias oficiales para garantizar la eficiencia¨, argumenta.
¨Ha asombrado la forma en que ha estado siendo burlada la Ley 41-08, que limita los nombramientos para que nadie aparezca con más de un salario en dependencias del Estado, incluyendo casos escandalosos verificados desde el 2020 en adelante de individuos que recibían sueldos por dos funciones paralelas, en una misma dependencia, sin tener el don de la ubicuidad para cumplir «tantas obligaciones», añadió Marrero.
Subraya asimismo, que de los 477 empleados colocados en una nómina del Ministerio de Energía y Minas, los auditores solo pudieron comprobar la presencia de 172 durante los quince días seguidos en que permanecieron allí.
Concluye el articulista , en reconocer que la Contraloría ha recibido explicaciones de la mayoría de los auditados «sobre errores y fallas de procedimientos» que alegaron ajenos a sus intenciones. Toca al organismo comunicar su aceptación de las excusas.
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