Desde hace más de una década, los gobiernos han incumplido con este mandato legal, afectando directamente el poder adquisitivo de más de 700,000 trabajadores asalariados, que hoy pagan impuestos sobre ingresos ficticios generados únicamente por la inflación. Este incumplimiento constituye un acto deliberado de injusticia fiscal y social, y representa una grave violación del principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución.
“El Estado Dominicano no puede seguir actuando como un Estado delincuente, que viola de forma intencional sus propias leyes en perjuicio de la clase trabajadora. No hay justificación moral ni jurídica para mantener congelado el monto exento del impuesto al salario cuando la ley ordena su ajuste anual por inflación”, expresó Fidel Lorenzo Meran, Presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social.
FEJUS destaca que el monto exento actual RD$ 416,220.00 anuales no refleja la realidad económica del país, y que, de haberse aplicado correctamente la indexación establecida por el Banco Central, el monto exento debería superar los RD$ 550,000 a RD$ 600,000 al año. La inobservancia de esta disposición ha supuesto un aumento encubierto del impuesto sobre el salario, deteriorando el nivel de vida de miles de familias dominicanas.
En este sentido, la Fundación respalda plenamente la propuesta del Senador Omar Fernández, quien ha sometido una resolución al Senado solicitando al Presidente de la República instruir de inmediato la correcta aplicación de la indexación prevista en la Ley 11-92.
“Respaldamos toda iniciativa que restituya el respeto al Estado de derecho y garantice la equidad tributaria. No puede hablarse de justicia social en un país donde el propio Estado desobedece la ley”, añadió el comunicado.
La Fundación Equidad y Justicia Social hace un llamado al Congreso Nacional, a las autoridades del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a corregir esta injusticia histórica y aplicar la ley en toda su extensión, garantizando el derecho de los trabajadores a un sistema fiscal justo, transparente y conforme a la Constitución.
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